PENSAMIENTOS DE LIBERALES

“…porque nunca están mejor servidos los oficios públicos que cuando la recompensa sigue al efectivo desempeño y es proporcionada a la diligencia empleada para su cumplimiento.” Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Tomo III, libro V (San José: Universidad Autónoma de centro América), p. 33.

“Los emolumentos de los empleos públicos no se regulan como los de los oficios y profesiones mecánicas por la libre competencia y rivalidad del mercado, y por tanto no guardan siempre una justa proporción con lo que requiere la naturaleza misma del empleo. La mayoría de las veces y en casi todos los países están más recompensados de lo precisamente necesario: las personas a cargo de la administración del gobierno generalmente están más dispuestas a compensarse en más de lo necesario tanto a sí mismas como a sus dependientes inmediatos.” John Haggarty, compilador, The Wisdom of Adam Smith: A collection of his most incisive and eloquent observations, Indianapolis: Liberty Press, 1976, p. 194, tomada de Adam Smith, The Wealth of Nations, Vol. II, book V, p. 867.

“En la administración pública no hay conexión entre ingresos y gastos.  Los servicios públicos solamente gastan dinero; el insignificante ingreso derivado de fuentes especiales…es más o menos accidental.  El ingreso procedente de de las aduanas y de los impuestos no es ‘producido’ por el aparato administrativo. Su fuente es la ley, no las actividades de los aduaneros y de los recaudadores de impuestos.  No es mérito de un recaudador de contribuciones el que los residentes en su distrito sean más ricos y paguen impuestos más elevados que los de otro distrito. El tiempo y el trabaja que se requieren para la labor administrativa del pago de un impuesto sobre la renta no guardan proporción con la cuantía de l base imponible a la que afectan.

En la administración pública no hay precio de mercado para los aciertos.  Esto hace indispensable que los servicios públicos operen de acuerdo con principios completamente diferentes de los que se aplican bajo la motivación del beneficio.” Ludwig von Mises, Burocracia, Madrid: Unión Editorial, S. A., 1974, p. 69.

COLUMNA LIBRE

LOS SALARIOS DE LOS DIPUTADOS

                                                                         Por Carlos Federico Smith

No se había acomodado el nuevo gobierno, cuando un socollón político lo despertó del embeleso en que se encontraba: los diputados solicitaron aumentos salariales millonarios en una de sus primeras sesiones de trabajo.  Claro, esto alborotó el cotarro y, lo digo con su comprensión, pues es muy, pero muy, fácil atacar esas pretensiones, no sólo porque, a los ojos de los costarricenses, los anteriores diputados habían incumplido con sus obligaciones básicas, sino también porque los entrantes sin haber probado que sí pueden hacerlo, de entrada llegaron solicitando aumentos impensables.  Y no voy a referirme a la envidia, como explicación de la reacción popular, pues hay mucho de razón en los dos argumentos previos para oponerse a tal desaguisado.

El cuestionamiento que civilizadamente debemos plantearnos es si en el régimen salarial de los diputados ha surgido un desbalance evidente frente a los de miembros comparables del gobierno.  Y aquí las cosas no parecen estar tan en contra de las peticiones laborales de los diputados.  Es un hecho de que, desde hace cierto tiempo, los diputados han tenido un rezago en sus salarios respecto a otros funcionarios estatales y que según aquellos deberían de ganar algo similar. Así, arguyen que todos los miembros de los llamados supremos poderes deberían de ganar montos parecidos.  Para simplificar, por miembros de los supremos poderes entendemos a Ministros (dejemos de lado a la Presidenta y sus dos Vice-presidentes), Diputados, Contralores y Magistrados (tanto de la Corte como del Supremo de Elecciones) y también no se haría mal en incluir al Alcalde de San José, quien presuntamente gana más que la Presidenta de la República.

Es cierto que los diputados han perdido posiciones relativamente, pero la primera y evidente pregunta es ¿por qué los miembros de los supremos poderes deberían de ganar lo mismo? No creo que alguien tenga una respuesta contundente que zanjara este problema, pero sí me atrevo a señalar que los diputados, por la forma en que se definen sus salarios y por el principio básico de que no pueden legislar en su propio beneficio, han ido cediendo terreno en la carrera salarial comparativa dentro de los supremos poderes.

Dicho esto, alguien podría pretender acercar “adecuadamente” estos salarios “ya y de una vez por todas”.  Pero aquí surge uno de los mayores problemas con esta pretensión de los diputados: se les olvidó que es el ciudadano el que les paga su salario por medio de impuestos a que les somete ese mismo Poder Legislativo. Por ello la reacción ciudadana no se ha hecho esperar: parece que aquella ambición logró lo que no han podido hacer los políticos venezolanos contra Chávez ni los oponentes de Liberación en las elecciones: unificar las fuerzas opositoras de una gama muy diversa y a lo largo de todo el espectro político.  No he encontrado, excepto por algunos diputados, persona razonable que acepte “ya” un aumento en los salarios de los congresistas de la magnitud pretendida y más bien una mayoría se inclina hacia no aceptar aumento alguno. Esta última posibilidad no es una solución adecuada a un problema real. Creo que es necesario que el país disponga de una política salarial para los funcionarios miembros de los supremos poderes, política que probablemente lleve varios años en su implementación, a fin de lograr un cierto grado de equiparación.

Paso a señalar varios aspectos relacionados con la definición de estos salarios, que tal vez podrían servir para desatascar el enrarecimiento político que encara el nuevo gobierno, porque, a como van las cosas, posiblemente será necesaria una acción definitoria, tal como un veto por parte de la Presidenta Chinchilla (y que ojalá no lo resellen), dado que los diputados, a la fecha en que esto se escribe, se han recetado un sueldo de ¢4.3 millones mensuales, pues lo aumentaron en ¢1.8 millones a los ¢2.5 millones por mes que ya recibían.

Los salarios de miembros de los altos funcionarios del Estado (los llamados supremos poderes) que más han aumentado en los últimos años (digamos que en la última década) son los de los Magistrados principalmente porque estos, casi sin contrapeso político, han podido lograr tales incrementos, por lo general por encima de la inflación nacional. Tan sólo hace unos pocos años, a pesar de que en su momento se dio una fuerte crítica social y política, lograron un aumento verdaderamente elevado, que dejó fuera de proporción a aquellos otros salarios más o menos equivalentes del resto del sector público.  El efecto no se hizo esperar. Para empezar, el sueldo de los contralores suele seguir muy de cerca a los incrementos de los sueldos de los magistrados (hay un larga tradición de ello, tanto en salarios como en otras remuneraciones en especie).  Este aumento del sueldo de los contralores es, a la vez, muy apreciado (y objeto de rogativas a los dioses para que se dé) por miembros de otras instituciones gubernamentales, como los integrantes de juntas directivas de los bancos del estado, gerentes de instituciones descentralizadas y otros similares, pues sus remuneraciones están an alguna proporción definidos por los salarios de los contralores. A su vez, sus incrementos disparan otras peticiones de ajuste salarial en los otros rangos de la administración estatal.

¡Que la cascada funciona, funciona! Por ejemplo, no habían terminado los nuevos diputados de cuajar su petición de marras para aumentarse sus salarios, cuando la flamante nueva Defensora de los Habitantes pidió, creo, un 18% de alza a su “bajo” salario (por supuesto, para no verse tan solita en su pretensión, dijo que había que aumentarlo también para los altos funcionarios de la Defensoría).

Por otra parte, en el área financiera del estado se ha venido dando un aumento muy grande de salarios para los principales ejecutivos. No niego la necesidad de tomar en cuenta las condiciones de los mercados, pero el hecho es que muchas veces son peticiones a partir de estudios encargados por los propios interesados en donde se comparan sus sueldos con aquellos del privado (no quiero ser injusto: piden que alguien independiente haga el estudio comparativo). Pero el hecho es que en el sector financiero privado los altos ejecutivos tienen que competir internamente así como con posiciones comparables internacionalmente, mientras que los ejecutivos de las entidades públicas tal vez no serían contratados a esos sueldos en las entidades privadas (de ser así, ya se los hubieran “llevado”). Tal vez sería mejor dejar que esos ejecutivos públicos se vayan al sector privado, pero se observa, a veces, que ex funcionarios de bancos estatales luego se emplean en bancos privados, pero con sueldos menores a los que tenían.

En todo caso, los aumentos de salarios en el área financiera del estado han incidido en peticiones de sueldos de funcionarios de otras áreas del gobierno.  Destaca el caso del ICE en donde, también aunado al argumento de retener a sus altos funcionarios de una competencia que algún día habrá de existir, se han disparado fuertemente los altos salarios, que posteriormente inciden en la cadena interna, así como son imitados en sus aspiraciones salariales por empleados similares en otras entidades públicas.

No omito manifestar que, de darse el aumento salarial a los actuales diputados, tendrá otros efectos que deben señalarse: habrá que aumentar las pensiones de un número importante de ex diputados estimado entre 200 y 300 (creo que aquellos que lo fueron antes de 1994, que todavía hay muchos, gracias a Dios), así como de los ex Presidentes de la República, cuyas pensiones también están en función de los salarios actuales de los diputados. Como esos incrementos dependen de la magnitud del aumento en los salarios de los diputados, habría que esperar que, de lograrse el aumento sustancial pretendido (de cerca de un 80%), se eleven en esa proporción las pensiones de estos otros ciudadanos. Si estimamos en 250 el número de beneficiarios indirectos, ese aumento significaría un gasto adicional en sus sueldos de ¢5.850 millones anuales (250x1.8x13meses), que, sumado a los aproximadamente ¢1.300 millones de aumento a los actuales diputados (57x¢1.8x13meses), nos daría un impacto adicional en el gasto público de aproximadamente ¢7.150 millones por año.

El inicio de un arreglo a la estructura de los sueldos de los diputados actuales vis a vis los de otros miembros de los supremos poderes (principalmente magistrados y contralores) debe pasar por una moratoria a los incrementos de los sueldos de estos últimos, a fin de que gradualmente se acerquen entre sí con cierto grado de razonabilidad.

La  petición salarial de los diputados adicionalmente se lleva a cabo en momentos fiscales sumamente difíciles.  Algún cínico habría aconsejado que la hicieran en momentos en que hubiera “abundancia” relativa de recursos públicos.  Lo cierto es que se estima que, para este año, el déficit gubernamental se acercará a un 5% del Producto Interno Bruto, cifra no vista en épocas recientes, lo cual señala con suma claridad la vulnerabilidad fiscal en que se encuentra el país.

Por ello, ante la pregunta formulada a algunos diputados acerca de dónde provendrían los recursos para financiar el aumento salarial solicitado (los más de 7.000.000.000 de colones anuales, sin tomar en cuenta el efecto cascada antes mencionado en otros sectores del gobierno diferente de la Asamblea, ex diputados y ex presidentes), la respuesta ha sido un ominoso silencio, con la excepción de siempre, que se ha atrevido a desvelar la verdad: habrá que aumentar los impuestos. Lo de recortes “tipo PAC” al gasto de la Asamblea para financiar los aumentos salariales de los diputados son menudencias en comparación con el impacto total de la propuesta sobre las finanzas estatales y en concreto del Congreso.  Además de que no sirve de justificación decir que se financiarán con recortes de gastos innecesarios, pues de ser así, desde hace mucho, pero mucho, tiempo deberían haber sido eliminados, sin tener que esperar, haciendo gala de un oportunismo indeseable, a tomárselos ahora para su propio beneficio: malos administradores de los fondos públicos propiedad de todos los costarricenses.

Aquí surge el meollo del asunto. Desde hace ya bastante rato cierta gente ha venido impulsando un aumento de la carga tributaria del país, pero, sin entrar por el momento a discutir tal idea, la aspiración de los diputados entrantes a lograr tal aumento salarial posiblemente signifique que estarán gastando recursos que ni siquiera han ingresado a las arcas del fisco. Por ello me sorprende que los diputados libertarios, pues tengo entendido que esta solicitud de aumento salarial no forma parte del pacto ya conocido con Liberación Nacional, no se hayan opuesto a un alza salarial que va a traducirse en un aumento en los impuestos: ¿con qué cara van después a oponerse a un aumento de los impuestos, si con su disposición a incrementarse los salarios necesariamente impulsan mayores tributos? ¿No es que los libertarios eran el partido de la moderación en el gasto público y la mesura en los impuestos o es que París bien vale una misa? ¿Será acaso que el apoyo incondicional que la fracción libertaria le ha dado a la fracción liberacionista es parte de un pacto conocido entre ellos, pero no por la ciudadanía? Es justo preguntar esto último por alguien quien confió en la sabiduría, oportunidad y conveniencia de dicho pacto legislativo (ver el boletín de ANFE del mes anterior).

Con toda razón la Presidenta Chinchilla ha señalado que los diputados deberán señalar de dónde provendrán los recursos con los cuales financiarían el aumento de sus sueldos. No lo han dicho, pero alguna se ha atrevido a decir que provendrán de gastos que se ahorrarían en el presupuesto actual de la Asamblea Legislativa.  Y esto último sólo indica que hay un despilfarro actual: si hay fondos sobrantes o mal utilizados debe arreglarse de inmediato la situación y no correr a gastarlo en algo que los costarricenses objetamos en la forma en que se ha planteado.  Ello equivaldría a que, en medio de apuros por falta de ingresos en mi hogar, me encuentre un billete de mil mal parado y corra de inmediato a gastarlo en lo que sea, en vez de ahorrarlo para momentos difíciles o bien cuando sea estrictamente necesario (que no creo sería en los abultados salarios de los diputados).  Lo expuesto sólo refleja, no candidez, sino insensibilidad ante la inteligencia ciudadana.  Bien ha hecho nuestra Presidenta en pedirle cuentas a los diputados: simplemente protege lo que en impuestos hemos pagado los ciudadanos.   

Si fuere necesario que ese incremento salarial de los diputados se dé, deberían entonces tomar en cuenta las circunstancias fiscales del país. El gobierno entrante debe saber que, como ya lo está anunciando su Ministro de Hacienda, la gente no va a recibir bien que un aumento en sus impuestos se use para pagar mayores salarios a los diputados.

Lo preocupante es que, a criterio del actual Ministro de Hacienda, según lo mencionado recientemente en diversos medios de comunicación, ya la situación económica mala del país ha ido pasando y por ello, tal como se había mencionado en la reciente campaña política, sería entonces el momento de preparar proyectos para aumentar los impuestos.  Esa visión optimista del Ministro de Hacienda no es muy compartida y más bien lanza un balde de agua fría a la inversión privada de los costarricenses, que cortará cualquier brote de recuperación económica que se pueda estar dando. No es aumentando impuestos como se logra aumentar la producción y el empleo. Esto me parece lo tienen muy presente algunos otros miembros del gobierno, que han indicado que, de aprobarse nuevos impuestos, lo sería cuando haya un recuperación sustancial de la economía. La propia Presidenta Chinchilla lo ha mencionado al señalar que el financiamiento para el aumento en los sueldos de los diputados no provendría de aumentos en los impuestos, propuesta que ella ha indicado es claramente inconveniente y lo cual respaldo con toda firmeza.

Desconozco en qué mundo vivirán algunos funcionarios, quienes dándose cuenta clara de males ajenos, no piensan por un momento acerca de si las decisiones económicas que están proponiendo son las más convenientes.  Lo que actualmente sucede en Europa es reflejo de economías que no han sido capaces de ordenar sus finanzas gubernamentales, en donde no se gasten recursos más allá de lo que disponen, como es el caso de Costa Rica y si no, que lo diga el elevado déficit fiscal. El déficit gubernamental ya previsto en nuestro país, sin esos aumentos salariales expuestos, cercano a un 5% del PIB nos obliga a la moderación y no a gastar superfluamente.  En España, Grecia, Inglaterra -y habrá otros países europeos- como parte del costo que se debe pagar ahora por haber vivido en el desorden fiscal en los últimos tiempos, han tenido que reducir sustancialmente los sueldos de los altos funcionarios públicos (digámoslo; de los supremos poderes), mientras que aquí, con debilidades fiscales similares, más bien lo que se pretende es aumentar ese rubro del gasto estatal.

Lo sucedido con los salarios de los diputados es una excelente ocasión para empezar a poner orden en la estructura salarial de los supremos poderes, por lo que, para empezar, es necesario informar a la ciudadanía acerca de la composición de dichos salarios.  Como este es un tema muy sensible para los distintos cuerpos políticos (hipersensible si uno se lo plantea directamente a los involucrados), lo conveniente sería que alguno o algunos de los medios “independientes” hagan un análisis comparativo de los salarios en las diversas estructuras gubernamentales, especialmente en los llamados supremos poderes. Este sería el punto de partida para tratar de poner algún grado de orden en lo que parece ser un desmadre, como lo es el aumento aprobado el pasado 24 de mayo: casi el primer acto del nuevo Congreso.

COMUNICADO DE PRENSA

La Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), fundada en 1958 en San José, Costa Rica, es defensora de la libertad como un todo indivisible. Esto significa que las diferentes "libertades" de que se habla en plural sólo son aspectos de un todo que como tal se afecta cuando se conculca cualquiera de las "libertades". ANFE fue creada para defender especialmente al individuo y el aspecto de la libertad económica, el más vulnerable en Costa Rica -de ahí el nombre de la Asociación- pero siempre ha tenido presente esta premisa de que la defensa de la libertad debe ser total.

Para cumplir con su misión, ANFE cuenta con el respaldo y colabora con otros centros de pensamiento (think tanks) con objetivos similares en el ámbito internacional. Dentro de estos, se pueden destacar la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, la Red Liberal de América Latina (RELIAL), Atlas Economic Research Foundation, el Cato Institute y el Hispanic American Center for Economic Research.

Como parte de sus actividades en materia de políticas públicas, ANFE definió como prioritario el desarrollar y presentar al país—por medio de la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa—tres proyectos de Ley para mejorar la libertad económica en Costa Rica durante el primer semestre del 2010. Hoy se presentó el primero de ellos: “Ley de Responsabilidad Monetaria y Dolarización”. Antes del final del mes de junio de 2010, se presentarán dos proyectos en materia fiscal: “Ley de Responsabilidad Fiscal” y un proyecto de “Impuesto sobre la Renta a una tasa máxima baja”.

El proyecto de “Ley de Responsabilidad Monetaria y Dolarización” nace en respuesta a que, durante las últimas seis décadas, las intervenciones del Banco Central han servido para crear, de manera artificial, ganadores y perdedores en el sistema económico. En otras palabras, las decisiones de política monetaria y cambiaria han servido para transferir riqueza de un grupo a otro de la sociedad. En ocasiones, esa transferencia de riqueza ha sido de los grupos en la sociedad que menos tienen hacia los que más tienen.

Hasta ahora, las decisiones de política monetaria y cambiaria se han manejado con un alto grado de discrecionalidad por parte de la Junta Directiva del Banco Central, que no se encuentra obligada a rendir cuentas a nadie por sus decisiones. En varias oportunidades, las intervenciones del ente emisor han respondido a prioridades políticas y se han alejado de criterios técnicos. Cuando esto ha ocurrido, se ha perjudicado el bienestar de los costarricenses y la competitividad de nuestra economía.

A través de los años, decisiones desacertadas del Banco Central de Costa Rica contribuyeron a erosionar su credibilidad en términos de su capacidad para manejar, de manera responsable, la política monetaria y cambiaria y estimularon una migración gradual del colón costarricense hacia el dólar de los Estados Unidos.

 La Ley de Responsabilidad Monetaria y Dolarización propone cambios y modificaciones a la Ley 7558 del Banco Central, que, en resumen, buscan contribuir al logro de los siguientes cinco objetivos:

1.            Eliminar el impuesto inflacionario—el impuesto más injusto de todos—producto de la emisión inorgánica de dinero y su efecto inercial sobre los niveles de precios de los bienes y servicios regulados.

2.            Propiciar una convergencia entre las tasas de interés nominal en moneda local y las tasas de interés en dólares al eliminar el riesgo cambiario y reducir, de manera sostenible, la inflación.

3.            Disminuir el riesgo país producto del riesgo cambiario y el descontrol de la inflación.

4.            Reducir los costos de transacción al eliminar el margen de intermediación cambiario.

5.            Reactivar la economía vía inversión al reducir el riesgo país, eliminar el impuesto inflacionario y propiciar una convergencia entre las tasas de interés nominal nacional y las tasas de interés nominal en dólares.

Los principales elementos de la Ley de Responsabilidad Monetaria y Dolarización guardan relación con:

1.            Eliminar los objetivos del Banco Central relacionados con velar con la estabilidad interna y externa de la moneda y promover el desarrollo de la economía.

2.            Eliminar la posibilidad de emisión de billetes del Banco Central.

3.            Eliminar la posibilidad de que la Junta Directiva del Banco Central modifique el régimen cambiario o influya en la determinación del tipo de cambio.

4.            Se define al dólar como unidad monetaria de la República de Costa Rica.

5.            Se establece que los actos, contratos y obligaciones pactados en otras monedas de curso legal en el extranjero serán exigibles en la moneda contratada, aun cuando su pago deba hacerse por la vía judicial.

6.            El tipo de cambio de conversión entre el colón y el dólar de los Estados Unidos—que será fijo—será aquel tipo de cambio nominal con el que se logre la paridad con respecto al último dato disponible del índice de tipo de cambio real multilateral.

7.            Todas las instituciones del Estado deben utilizar el dólar como moneda para sus transacciones.

8.            Todas las operaciones financieras y los registros contables se expresarán en dólares.

9.            El canje de colones por dólares no generará costo o comisión alguna. Durante el periodo de canje—12 meses—los colones en circulación podrán continuar siendo utilizados como medio de pago.

10.         Durante los primeros 12 meses después de la entrada en vigencia de la Ley, los precios de bienes y servicios deberán exponerse tanto en dólares como en colones; calculados los colones sobre el tipo de cambio de conversión fijado.

El texto completo del proyecto de “Ley de Responsabilidad Monetaria y Dolarización” y textos comparados se encuentran disponibles en: www.anfe.cr

MITOS AGRÍCOLAS

                                                                                       Por Andrés I. Pozuelo Arce*

Al igual que ocurre con las distintas culturas, en las actividades económicas también hay mitos. Dada cierta condición rural que la sociedad latinoamericana aún conserva, así como un innegable romanticismo con el que muchas personas miran la vida en el campo, en el caso de la actividad agrícola son varios los mitos que la rodean. La existencia de estos mitos, al desfigurar la realidad y adoptar un carácter de verdad indiscutible, dificulta la implementación de políticas efectivas que logren afianzar procesos de transformación y cambio necesarios para conseguir una agricultura dinámica y moderna capaz de competir en mercados globalizados.

Veamos algunos de dichos mitos y tratemos de desvelar su mítica existencia.

1) El problema de la agricultura latinoamericana se resuelve con la reforma agraria. En este contexto, reforma agraria se entiende en su acepción más tradicional, como la repartición de tierras. En este mito prevalece la idea, muy propia de los fisiócratas y de los tiempos feudales, que la principal fuente de riqueza es la tierra y, en concreto, su posesión. Con esta idea se ignoran dos cosas: una, que más que poseer la tierra como activo productivo importa el acceso efectivo a la misma; la otra, que en el mundo moderno son más importantes las capacidades que los activos como fuentes generadoras de ingresos y riqueza. De allí el énfasis que recibe tanto la educación como la conformación de capital social como medios para alcanzar el progreso individual y colectivo. El conocimiento es el único capital verdadero.

2) Los principales beneficiarios de la protección agrícola son los pequeños productores. Este es un clásico mito que se alimenta de la existencia de posiciones ideológicas extremas, ignorando lo que las cifras y los análisis dicen. En Latinoamérica, los pequeños productores dedican el grueso de sus esfuerzos a producir bienes alimenticios que fundamentalmente se dirigen a los mercados regionales, los que a su vez se caracterizan por tener una muy escasa competencia del exterior. La geografía en estos casos se convierte en la mejor protección, pues la protección arancelaria no cobija este tipo de cultivos, como sí ocurre con otros cultivos modernos. Las protecciones benefician generalmente a los agricultores grandes organizados e ineficientes, desplazando a los agricultores pequeños a terrenos menos productivos o a las ciudades

3) Los principales perjudicados con la apertura de los mercados son los pequeños productores. Si hay un grupo social que conoce de la realidad de los mercados, en donde los distintos bienes se someten a la indefectible ley de la oferta y la demanda, es el de los pequeños productores, quienes a diario los encaran. En Latinoamérica la formación del precio de un grupo importante de alimentos no se origina en la existencia de un arancel alto o de un mecanismo de estabilización, sino en las condiciones operantes en los distintos mercados regionales.

4) Las grandes oportunidades comerciales que se presentan en los mercados externos están en los bienes tradicionales. Este constituye un clásico mito que nos mantiene anclados en el pasado. La realidad actual del comercio mundial agrícola muestra que bienes como las frutas y hortalizas, los pescados y las carnes rojas ocupan un alto porcentaje de dicho comercio, en tanto que los bienes tradicionales han perdido participación al punto que además de ocupar los últimos lugares de participación en el comercio exterior agrícola presentan las menores tasas de crecimiento. Adicionalmente, los mercados mundiales privilegian la variedad de la oferta y no la homogeneidad, como en el pasado, con lo cual se premian la innovación y el ingenio.

5) En agricultura no aplican las ventajas comparativas. No se puede concebir que la muerte de las ventajas comparativas, concepto económico fundamental de la teoría del comercio internacional, nazca de las visiones erradas que se tienen de la agricultura latinoamericana. Por el contrario, si hay un sector que puede mostrar la vigencia de este concepto económico es la agricultura. Los casos de las flores, banano, pina, para señalar sólo dos experiencias, ilustran cómo a partir de la disponibilidad de un factor natural específico, que permite obtener una productividad relativamente alta, se desarrolla una creciente y dinámica actividad exportadora que da lugar al desplazamiento o la sustitución de otros cultivos que como el arroz, la papa o el maíz presentan bajos niveles de productividad y que, por ende, resulta mejor importar.

6) Desarrollo agrícola es sinónimo de la mecanización del campo. Infortunadamente, esta concepción ha prevalecido en el país durante los últimos cincuenta años. Debido a esta visión, y a la aplicación de políticas inspiradas en la misma, en pasadas décadas se presentó la acelerada migración de la población rural pues, en vez de promover alternativas productivas intensivas en mano de obra, factor abundante en el sector rural latinoamericano, se incentivaron cultivos que utilizaban intensamente la maquinaria agrícola, factor relativamente escaso en las economías en desarrollo. La mayoría de los cultivos de exportación innovadores, cuya producción debe competir abiertamente en los mercados externos, son dominantemente intensivos en mano de obra y no en maquinaria.

7) Seguridad alimentaria equivale a autoabastecimiento a cualquier costo. Al final de la Segunda Guerra Mundial prevaleció entre el grupo de los hoy denominados países desarrollados la necesidad imperiosa de garantizarle a su población el acceso a los alimentos básicos como manera de asegurarse contra una nueva confrontación global. De allí nacieron los famosos subsidios agrícolas de estos países. En la actualidad, a nivel internacional ya no se habla de seguridad alimentaria en los términos de autoabastecimiento, sino que, según la FAO, dicha seguridad se da cuando las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a suficientes alimentos para tener una vida activa y saludable; en este caso no importa el origen de la oferta.

8) Los mercados de exportación representan un alto riesgo para los países en desarrollo. El corolario que necesariamente se sigue de este mito es que, como medida para mantener y desarrollar sus agriculturas, es mejor proteger las economías agrícolas de los países en desarrollo, pues las distorsiones reinantes en los mercados agrícolas hacen imposible que los dichos países puedan derivar beneficios del comercio de exportaciones. La experiencia de muchos países en desarrollo de distintos continentes es que el comercio exterior, por el contrario, constituye una fuente cierta de crecimiento económico, innovación y de progreso social.

9) Los subsidios de los países desarrollados impiden el progreso agrícola. Este mito es el preferido de algunas tendencias ideológicas y de ciertos funcionarios públicos como justificación para imponer barreras al comercio de bienes agrícolas y para evitar la apertura de los mercados a la competencia. La evidencia inobjetable y cierta es que los países desarrollados tienen una estructura de subsidios que aunque afecta el comportamiento del comercio mundial de bienes agrícolas no constituyen el factor determinante del mismo. Como se dijo anteriormente, en la actualidad el comercio mundial agrícola está dominado por bienes no tradicionales y las tendencias señalan que cada vez más se abren mayores posibilidades de crecimiento a estos bienes, contrario a lo que se espera que ocurra con los tradicionales.

10) Los comerciantes y la industria son los que se quedan con las ganancias del agricultor. Si este mito fuera enteramente cierto no habría actividad en el campo, pues la agricultura no sería rentable. La verdad es que cada vez más los agricultores entienden la necesaria especialización que se tiene que dar en las cadenas productivas y que tanto ellos como los otros agentes que intervienen en dichas cadenas, juegan un papel vital en el interior de las mismas y que su presencia se justifica mientras agreguen valor.

Otras realidades:

La protección de monocultivos como la caña de azúcar, siempre tendera a ir en contra de la seguridad alimentaria del país. El énfasis en precios altos al consumidor interno y a la exportación de excedentes vía cuotas preferenciales, crea distorsiones en usos de suelos, transferencias de consumidor pobre a productor y una baja remuneración de la mano de obra agrícola.

El proteccionismo que aplica un país, lo hace en contra de sus propios consumidores y no en contra de otros países. Criticar el proteccionismo de otra nación es totalmente inútil, dado que es una decisión soberana, la de empobrecerse encareciendo los productos que compran sus ciudadanos.

La protección o subsidio de una actividad económica siempre tendera a castigar a otro grupo económico más grande y más relevante para la economía. Las actividades subsidiadas nunca encuentran un punto óptimo de eficiencia y el uso indiscriminado de los recursos a su disposición hace que estas tarde o temprano desaparezcan.

*El Ingeniero Pozuelo es miembro de la Junta Directiva de ANFE.

APROVECHAR LA CRISIS

                                                                                      Por Luis E. Loría*

Es necesario aprovechar la crisis para poner la casa en orden, recortar gastos innecesarios y reducir las tasas impositivas. El Gobierno no está obligado a gastar más de lo que permite su flujo de caja. El recurrir a un endeudamiento adicional solamente contribuirá a profundizar y prolongar los problemas.

Para atacar el déficit fiscal, se requieren acciones por el lado de los gastos y los ingresos. Estas deben demostrar un compromiso real con la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Algunas medidas que se deben considerar son: i) un ejercicio presupuestario plurianual partiendo de una base cero –justificando cada dólar de gasto– para eliminar los colchones y gastos innecesarios que abultan el presupuesto, ii) eliminar todos aquellos gastos creados por ley que no cuentan con fuentes de financiamiento y iii) tomar acciones concretas para garantizar la eficiencia y calidad del gasto público.

Por el lado de los ingresos, la propuesta tradicional –que fracasó en las últimas tres administraciones– ha sido hablar de la necesidad un nuevo paquetazo de impuestos. Esa propuesta ignora que el pago de impuestos ya constituye una de las principales desventajas competitivas para hacer negocios en Costa Rica (posición 154 de 183 países en Doing Business 2010).

Para contribuir a reactivar la economía y la competitividad nacional se requiere una reforma tributaria en la dirección opuesta: un fuerte recorte en las tasas impositivas para los ciudadanos y las empresas.

Ese tipo de reforma –considerado tema tabú en Costa Rica– fue el más implementado alrededor del mundo durante el 2009, de acuerdo con la publicación Paying Taxes 2010.

*Luis Loría es miembro de la Junta Directiva de ANFE.  Esta es una opinión sobre un editorial del periódico El Financiero “Ataque al déficit fiscal”, edición 768, publicado en la edición de El Financiero 769.

ENTENDIENDO LA CRISIS GRIEGA Y COMO EL SOCIALISMO DESTRUYE EUROPA
                                                                                                            Por Guy Sorman*

A PAGAR LA FACTURA

Hoy en día, no es la crisis griega lo que convendría explicar, sino el camino que condujo hasta ella. No se trata de reabsorber la deuda griega o española: se trata de poner un plazo o no a la estrategia del declive europeo.

La tragedia del euro sobrepasa con mucho el único caso de Grecia y esta tragedia sólo es financiera en apariencia. El mal es más profundo: alcanza a todos los países miembros o acabará por alcanzarlos a todos. No bastará con poner un poco de orden en las cuentas públicas, salvar a Grecia de la quiebra y tranquilizar a los acreedores de España y Portugal. Estos remiendos financieros no evitarán el contagio general de todos los países miembros de la Unión ya que a todos les aqueja
el mismo mal. Algunos querrían quitar importancia a este mal. En el FMI, en el Banco Central Europeo, en los ministerios nos dicen: es financiero, es técnico, sabemos actuar, ya pasará, basta con algunos créditos, con persuadir a los alemanes, con reducir un poco el gasto público. ¿Y todo volverá a empezar como si no hubiese habido crisis en absoluto? ¡Qué ilusión, qué ceguera y sobre todo que negación de la realidad! ¿La realidad? Los fundamentos de la Unión Europea son
incompatibles con la manera en que se gestionan los Estados europeos.

Es decir, la Unión Europea es de origen liberal, concebida como tal en filosofía política y en economía y sólo es posible gestionarla de manera liberal, mientras que todos los gobiernos nacionales, aunque fueran de derechas, crearon, de hecho, unos gigantescos Estados del Bienestar de inspiración socialista.

Expliquémonos: en los comienzos de Europa, un empresario (no un diplomático, sino un comerciante de coñac familiar de Estados Unidos), Jean Monnet, tras la Segunda Guerra Mundial, reparó en que los gobiernos europeos nunca habían logrado, y no lograrían nunca, hacer de Europa una zona de paz y de prosperidad. Sustituyó el motor diplomático por el motor económico; consideraba que el libre cambio y el espíritu emprendedor deberían generar unas «solidaridades concretas» que eliminarían la guerra y la miseria. Esta institución liberal de Jean Monnet fue ratificada el 9 de mayo de 1950 por los principales artífices de la primera Comunidad Económica Europea, tres demócratacristianos: Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi y Robert Schuman.

Estos hombres compartían una misma concepción moral de la política y un mismo análisis económico, y se mostraban recelosos con el estadismo que entonces se identificaba, con razón, con los totalitarismos guerreros. La Comisión de Bruselas, y más tarde el Banco Central Europeo, no han dejado de ser fieles a ese espíritu liberal original. El libre cambio, gracias al apoyo constante de la Comisión de Bruselas, atizó el espíritu de empresa frente a los proteccionismos y los monopolios nacionales. Y se creó el euro para obligar a los Estados a equilibrar su presupuesto, siguiendo la línea de la teoría monetaria liberal.

Desgraciadamente, los gobiernos nacionales creyeron que sería posible acumular los beneficios de la Europa liberal, a la vez que se superponían las delicias electorales del socialismo. Aquí se llama «socialismo» al crecimiento infinito del Estado del Bienestar, a la acumulación de Seguros sociales y de empleos protegidos por el Estado.

Ese socialismo de hecho, sedimentación de promesas electorales y de derechos adquiridos, se desarrolló en Europa infinitamente más rápido que la economía y que el número de habitantes. Por tanto, este socialismo de hecho sólo podía financiarse a crédito, se creía que sin riesgos, ya que el euro parecía «fuerte». Este euro fuerte enloqueció a sus poseedores: de repente todo parecía asequible con el crédito. Ello tuvo como consecuencia un endeudamiento notablemente homogéneo, en todos los países europeos, del orden del 100% de la riqueza nacional: entre el 91% en Alemania y el 133% en Grecia, una diferencia bastante modesta entre los dos extremos, reflejo de una misma trayectoria socio-estatal. Hoy en día, la diferencia entre Alemania, Grecia, España o Francia, depende menos del endeudamiento y de la manera de gestionar los Estados -más bien similares- que de la capacidad de reembolso variable dependiendo de los deudores. Todos los Estados europeos han sido gestionados «a la socialista», en contradicción con los principios liberales de la Unión Europea: algunos serán capaces de hacer frente a los vencimientos mejor que otros, pero todos han seguido juntos la misma trayectoria.

¿Explicarán esta trayectoria fatal? Las ideologías son su verdadera causa. El socialismo domina los espíritus en Europa, mientras que el mundo universitario, mediático e intelectual acosa al liberalismo. Apoyar al mercado frente al Estado y preconizar el Estado modesto se considera en Europa una perversión «estadounidense». Y la ideología socialista está lo suficientemente arraigada como para que a un político le sea casi imposible resultar elegido sin prometer aún más solidaridad pública y aún menos riesgo público. Estos Estados del Bienestar, debido a su coste financiero y a la falta de responsabilización ética que legitiman, han asfixiado el crecimiento económico en Europa: somos el continente del declive, pero del declive solidario.

Y ahora nos presentan la factura griega: no será la primera de esa clase. ¿Qué hacemos con ella? Sería lícito que no la pagáramos: en el fondo, ¿por qué un modesto contribuyente francés o alemán debería pagar los impuestos que evadió un griego rico, todo ello para financiar a los sindicatos o a los militares griegos? Pero las finanzas europeas son tan enrevesadas que el euro que debe Grecia se lo debe en realidad a un banco alemán o francés. Por consiguiente, que los no griegos corran o no a socorrer a Grecia no cambiará nada: nuestra quiebra será colectiva. Nos creíamos ciudadanos de un país, pero somos deudores para todos. Si los europeos no pagan la factura griega, las facturas de Portugal, España e Italia llegarán rápidamente a continuación ya que la bancarrota de Grecia repercutiría sobre el valor de todos nuestros euros.

¿Cómo se sale de una tragedia? Ganando tiempo, negándola, suicidándose o diciendo la verdad. En este momento de la historia que vivimos, no es posible prever cuál de estos supuestos prevalecerá. En los comienzos de Europa, Jean Monnet dijo la verdad y los hombres de Estado se la explicaron a los pueblos: éstos la entendieron. Hoy en día, no es la crisis griega lo que convendría explicar, sino el camino que condujo hasta ella. No se trata de reabsorber la deuda griega o española: se trata de poner un plazo o no a la estrategia del declive europeo. A fin de cuentas, deberíamos darles las gracias a los griegos quienes por imprudencia, eso sí, han interrumpido la siesta europea.

*Este artículo del señor Sorman nos fue amablemente remitido por nuestro colaborador Antonio López Escarré.

LAVAR LA SANGRE

O cómo los socialistas limpian de sus crímenes a los terroristas

 Por Héctor Ñaupari*

 La reciente excarcelación en el Perú de la terrorista Lori Berenson pone sobre el tapete la vergonzosa tarea que llevan acometiendo los socialistas latinoamericanos desde hace décadas, cual es limpiar a terroristas y radicales de diverso pelaje de los crímenes que llevaron a cabo contra sus propios pueblos, a quienes supuestamente iban a liberar de la opresión.

 Que el Che Guevara sea considerado un héroe, o el poeta Javier Heraud un luchador social, que los miembros de las FARC sean perdonados en Colombia o que se denomine intolerantes a quienes no quieren convivir con los terroristas peruanos del MRTA o el PCP–Sendero Luminoso liberados – pero no arrepentidos de sus asesinatos y secuestros – forma parte de una misma estrategia: que la opinión pública latinoamericana atenúe la dureza de su juicio contra quienes quisieron hacer correr ríos de sangre inocente.

 Para lograrlo, se apela en primer lugar a la proverbial frágil memoria de nuestros pueblos. Se calla en todos los idiomas los crímenes cometidos por los terroristas. Se les borra de los libros de historia y de los materiales de enseñanza en los colegios. Estos predicadores del olvido intentan por todos los medios que nadie recuerde quién pedía mil Vietnam en nuestra región, se consideraba a sí mismo una “fría máquina de matar”, y fue el verdugo personal de más de cien cubanos, a quienes ultimó sin apego alguno al debido proceso ni el respeto a sus derechos humanos.  Si usted no lo sabe, estimado lector, es que tal empresa ha tenido éxito.

 Además, se abusa de palabras como “reconciliación”, “perdón”, “justicia”, “paz” o “tolerancia”, hasta prácticamente despojarlas de contenido y pervertir su significado. Como las comadrejas, a quienes el mito nórdico creía capaces de vaciar un huevo sin quebrar la cáscara, los compañeros de viaje de los guerrilleros, buscan que sus defendidos sean honrados con estos términos y sus detractores acusados de las peores denominaciones: intolerantes, reaccionarios, derechistas y cómplices de las dictaduras. 

 Por supuesto, en ese esfuerzo los socialistas latinoamericanos no escatiman nada, llegando incluso a sacrificar la memoria de sus propios muertos. Como es sabido por diversas fuentes de nuestra historia reciente, que incluye los Informes de las Comisiones de la Verdad por ellos integradas, fueron precisamente las agrupaciones y partidos de la izquierda democrática en América Latina contra quienes más se ensañaron las organizaciones revolucionarias, a quienes les disputaban el espacio que éstas necesitaban para incendiar la pradera e iniciar el paraíso igualitario. En ese esfuerzo, estos falsos apóstoles de la benevolencia se ponen del lado de los victimarios, aniquilando nuevamente a quienes eran sus primos hermanos ideológicos a la vez que sus víctimas.

 ¿Qué razones pueden esgrimirse para este siniestro cometido? Permítanme esbozar algunas. El horror al vacío, pues en el sistema democrático se mesuran los radicalismos y los diversos partidos se terminan pareciendo todos un poco, siendo preciso distinguirse. La mala conciencia de saber que ellos no tomaron el fusil, no pasaron a la clandestinidad ni se enrolaron en la lucha armada, y que, al defenderlos, se irradia hacia ellos un tenue brillo de la luz revolucionaria. Otro propósito más subalterno es el de tentar con estos actos el financiamiento de organismos no gubernamentales del primer mundo, con lo que comparten esta visión. Sin embargo, cualquiera sea el motivo o coartada al que aludan, la sangre que pretenden lavar no es fácil de quitar. En nombre de todas esas víctimas inocentes, no nos permitamos olvidar a estos criminales revolucionarios, por muchos que sean los empeños de sus cómplices en ocultarlos.

 Lima, 28 de mayo de 2010

*Vicepresidente de la Red Liberal de América Latina, jurista y ensayista peruano. Autor de Políticas liberales exitosas 2 y Libertad para todos. 

EL PROTECCIONISMO ES LA REGLA EN EL ACUERDO CON LA UE

   Por Juan Carlos Hidalgo*

Las negociaciones por un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea han llegado a un punto muerto ante las posiciones comerciales encontradas de ambas partes. El principal responsable de este impasse es el enfoque proteccionista que impregnó a las discusiones del capítulo comercial. El equipo negociador del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) ha llenado de exclusiones y amplios plazos de desgravación al acuerdo, poniéndose así el sombrero de los grupos de presión que lo han acompañado en las negociaciones, pero sacrificando a cambio los intereses de los consumidores nacionales que podrían verse beneficiados de bienes y servicios más accesibles.

Ya lo había advertido al inicio del proceso el negociador en jefe del acuerdo, Roberto Echandi, al afirmar que Costa Rica planeaba “defenderse” de aquellos productos que los europeos quisieran vendernos. De tal forma, los primeros bienes en excluirse fueron la papa, el tomate y la cebolla, esto a pesar de que, como informara La Nación, el ingreso de un horticultor nacional es 2.5 veces superior al del costarricense promedio. Geovanny Masís, presidente de la Corporación Hortícola Nacional, señalo que dichas protecciones son necesarias para “preservar las buenas condiciones de quienes se dedican a esta actividad”. Que sean entonces los consumidores los que paguen la factura.

Pero las exclusiones no quedaron ahí. Las pastas, los embutidos, los confites y las bebidas con alto contenido de azúcar también fueron eliminados. Varios productos industriales recibieron plazos de desgravación de entre 13 y 15 años como plásticos, vidrio, papel, entre otros. Los negociadores de Comex incluso solicitaron—y obtuvieron—plazos de desgravación de hasta 10 años en bienes que no se producen en Costa Rica.

Sin embargo, ha sido el tema de los lácteos donde el proteccionismo centroamericano encontró la resistencia de los europeos, quienes piden la entrada libre de impuestos a la región de 4.500 toneladas de leche en polvo. Los negociadores de Comex argumentan la “sensibilidad” del sector lácteo nacional para rechazar dicha solicitud, cuando a todas luces se trata de un esfuerzo por proteger de la competencia a la Dos Pinos, un gigante industrial exento del pago del impuesto sobre la renta, que exporta el 20 por ciento de su producción a Centroamérica, el Caribe, México, e incluso Sudamérica y cuyas ventas representan un 2 por ciento del PIB nacional. Si, como afirma su gerente general, la Dos Pinos “no puede competir” en Costa Rica, ¿cómo es que compite en los mercados donde exporta?

La cuota original solicitada por los europeos representa únicamente 108.5 gramos anuales de leche en polvo por cada consumidor centroamericano. En el caso costarricense, aún si toda la cuota europea entrara al país, ésta equivaldría tan solo al 0.5% del consumo anual de leche. No obstante, esto resulta excesivo para Comex.

Al otro lado de la moneda tenemos las sensibilidades de los consumidores costarricenses, ampliamente ignoradas por el equipo negociador. Para los sectores más vulnerables de la población, el costo de este proteccionismo en productos de consumo básico constituye una condena a vivir por debajo de la línea de pobreza. Hace unos años, un estudio de los economistas Ricardo Monge y Julio Rosales demostró que las 70.000 familias más pobres de Costa Rica gastan el 41 por ciento de sus ingresos en pagar el sobreprecio de productos protegidos como la leche. Una investigación del 2003 de Ecoanálisis confirmó que el sector más pobre de la población gastaba al menos una tercera parte de sus ingresos en pagar el proteccionismo en productos básicos. Abaratarles el costo de los alimentos a los pobres a través del libre comercio es una política con alta sensibilidad social.

Sin embargo, no todo han sido penumbras. El equipo de Comex sí se mostró flexible en ciertas áreas. En una entrevista en El Financiero, el ex ministro Marco Vinicio Ruiz señaló que Costa Rica haría un último ofrecimiento a la UE de permitir la libre importación de licores europeos. Muy generoso de su parte. Los degustadores de whisky escocés y vinos franceses e italianos ciertamente disfrutarán los beneficios de dicha apertura. Es una lástima que la jefa de hogar que a duras penas puede darle leche a sus hijos no pueda decir lo mismo.

*Juan Carlos Hidalgo es coordinador de proyectos para América Latina en el Cato Institute (www.elcato.org).

COMUNICADO DE DIEGO ARRIA RESPONDIENDO A HUGO CHAVEZ

Diego Arria, propietario de la finca 'La Carolina', respondió este lunes a través de un comunicado a los señalamientos hechos por el presidente Hugo Chávez sobre su hacienda. "El Presidente de la República dejó muy claro que es cómplice en la sustracción de mi propiedad", asegura Arria.

Este es el comunicado difundido por Diego Arria:

En sus declaraciones del día 8 de mayo, transmitidas por Venezolana de Televisión en un acto de su partido político, el Presidente de Venezuela Teniente Coronel (r) Hugo Chávez Frías ha confirmado que la apropiación indebida de mi finca La Carolina, en el Estado Yaracuy, se debe única y exclusivamente a una decisión política suya.

"Chávez confirmó que fué por orden suya que funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI) asaltaron a mano armada mi casa". El Presidente Chávez dijo textualmente "si quiere la finca tendrá que 'tumbá' a Chávez porque esto es ahora de la revolución". Igualmente confirmó que fue por orden suya que funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI) asaltaron a mano armada mi casa y, sin ningún tipo de asidero legal, se apoderaron de la Hacienda La Carolina.

Con sus precisas declaraciones, el presidente Chávez contradice las afirmaciones de sus funcionarios acerca de las bases legales o agrarias de la decisión de apropiarse de mi propiedad, y aclara que no hay otra motivación que la retaliación política contra mí.

El Presidente de la República dejó muy claro que es cómplice en la sustracción de mi propiedad. Sus propias palabras demuestran, irrefutablemente, que en esa decisión se violó el debido proceso y no hubo respeto alguno por mis más fundamentales derechos como ciudadano ni menos aún por el atropello de nuestros trabajadores.

El presidente Chávez será mi más valioso testigo en los juicios que llevaré adelante para recuperar los derechos a los que tengo derecho como venezolano. Estas actuaciones no pueden quedar impunes en Venezuela, ni en los tribunales internacionales adonde voy a llevar adelante todas las gestiones para la defensa de mis derechos, y los de miles de otros venezolanos que han sido saqueados impunemente debido a decisiones arbitrariamente tomadas, apoyadas, promovidas o toleradas por el teniente coronel Hugo Chávez Frías.

"El presidente Chávez será mi mas valioso testigo en los juicios que llevaré adelante para recuperar los derechos a los que tengo derecho como venezolano".

El teniente coronel no tiene necesidad de retarme a que lo tumbe: le regalo la finca para que se retire allí – siempre y cuando nos devuelva el país y la paz a los venezolanos. Es hora de que se vaya.

Por nuestra parte, esta semana cumpliré con el ritual de entregar - nuevamente - toda la documentación de la titularidad de La Carolina que prueba de manera absoluta nuestros legítimos derechos. Lo haré en acto público para los venezolanos y para los medios nacionales e internacionales.

Es de sobra conocido que soy un fuerte crítico del gobierno de Chávez y de la manera como está empobreciendo y coartando las libertades y los derechos civiles de los venezolanos. Igualmente que la orden del Presidente de invadir mi finca ha sido por las repetidas y documentadas denuncias que vengo haciendo por doquier sobre su régimen.

Sobre ese particular no tengo la mas mínima duda que mas temprano que tarde Hugo Chávez será objeto de sumo interés para la justicia internacional - y en particular para instancias que me son familiares por ser yo uno de sus reconocidos promotores.

Durante años me ha tocado lidiar y participar en problemas mucho más serios y con personajes de peor tenor, pero de mayor sagacidad que el Presidente Chávez tales como los que él llama "sus hermanos": Saddam Hussein, Muhammar Gaddafi, Robert Gabriel Mugabe. El Presidente Chávez no se puede imaginar como se veía de pequeño Slobodan Miloševicć en el tribunal en La Haya cuando fui uno de los principales testigos en su juicio.

En septiembre regresaré a ese mismo tribunal como testigo en el juicio a Radovan Karadzic, otro criminal de los Balcanes que evadió a la justicia por quince años. Esta historia reciente debería ser motivo de reflexión para constatar el final que tuvieron aquellos que pensaban estar por encima de la ley y fuera del alcance de la justicia internacional.

El presidente Chávez busca acabar con la propiedad privada porque sabe que es la base y el sustento de la libertad. La gran mayoría de los venezolanos clama por el derecho legítimo y constitucional de ser los dueños de un país y de su destino. Es intolerable vivir en un país donde los únicos propietarios con derechos sean el Presidente, su familia, sus jerarcas y sus asociados.

"El teniente coronel no tiene necesidad de retarme a que lo tumbe: le regalo la finca para que se retire allí – siempre y cuando nos devuelva el país y la paz a los venezolanos".

Los venezolanos estamos hartos de la incompetencia del Presidente Chávez, de su irresponsabilidad, de sus vulgaridades y de sus abusos. Después de malgastar, malversar y regalar 950 mil millones de dólares en 11 años, no hay café, ni carne, ni aceite, ni leche, ni electricidad con la cual cocinar, iluminar nuestros hogares o ver televisión. Millones de venezolanos viven racionados y atemorizados como en ciudades y pueblos en guerra. La inflación ha acabado con la calidad de vida de todos. No aguantamos la muerte violenta como modo de vida, la impunidad como política de estado, el desastre como destino seguro.

A esta tragedia que se profundiza día a día, se suman las decenas de presos políticos, el cercenamiento de la libertad de expresión, el secuestro de los medios de comunicación, el criminalizar la justicia como política de estado para perseguir a la disidencia y el abuso de utilizar a la Fuerza Armada para someter y pisotear los derechos ciudadanos.

La realidad es que Hugo Chávez Frías ha condenado a muerte el futuro -sobretodo de los mas pobres y de los mas jóvenes. Impedir que ejecute esa sentencia es la máxima prioridad para poder vivir en paz, para reunificar al país y reconstruirlo para beneficio de todos los venezolanos.

Al invitarme a que le tumbe para que se me haga justicia el Teniente Coronel Chávez se erige desafiante en el equivalente al Muro de Berlín. La historia es clara. El muro cayó cuando la gente se hartó. El poder ciudadano es indetenible cuando se activa.

Comunicado remitido a ANFE por su director, Dr. Oscar Alvarez Araya, el 12 de mayo del 2010.